El 21 de octubre de 2009, una semana antes de asumir como intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde fundó Sasaxa Líbero SA, una empresa que involucró a familiares cercanos y cuya función fue presuntamente encubrir propiedades, vehículos de lujo y fondos de dudosa procedencia. Según la Justicia, fue utilizada como una fachada para lavar dinero y enriquecerse ilícitamente. En esta empresa participaron sus dos hijos, Martín y Rodrigo, y su sobrino Gastón Barrachina.
La historia de Sasaxa SA comenzó el 21 de octubre de 2009 cuando Martín Insaurralde y Gastón Barrachina, su sobrino, fundaron la sociedad. Insaurralde originalmente poseía el 90% de las acciones, mientras que Barrachina tenía el 10%. Formalmente, Barrachina era el presidente de la sociedad.
La fecha de la creación de la empresa no es un detalle menor.Siete días después, el 28 de octubre de 2009, Insaurralde asumió como intendente de Lomas de Zamora después de la renuncia de Jorge Rossi, quien había ocupado el cargo desde 2003. Hasta ese momento, Insaurralde era el secretario de Gobierno del municipio y mano derecha del alcalde peronista.
La empresa fue creada con el propósito declarado de realizar actividades publicitarias, aunque con el tiempo se utilizó para otros fines. Los fiscales Mola y Velasco describieron en la resolución que pide la indagatoria del ex intendente que Sasaxa era una fachada para ocultar la propiedad de bienes y el origen de fondos.
La empresa jugó un papel importante en la compra y administración de los lotes 242 y 243 en el barrio cerrado Fincas de San Vicente Club de Chacras S.A., en la provincia de Buenos Aires. Estos terrenos fueron adquiridos inicialmente en 2006 por Carolina Álvarez, exesposa de Insaurralde, y transferidos en 2011 a Sasaxa SA mediante una serie de maniobras societarias que implicaban la participación de otra empresa vinculada, DOIO SRL.
DOIO también está bajo la lupa. La empresa fue contratista del gobierno de la Provincia de Buenos Aires y principalmente del municipio de Lomas de Zamora, donde en los trámites de adjudicación de obras suele aparecer la firma del propio Insaurralde como intendente, avalando los negocios. Víctor Mariano Donadío, socio de DOIO, está bajo sospecha de ser el presunto testaferro del ex intendente.
Los hijos de Insaurralde, Martín y Rodrigo, se incorporaron a la empresa con el tiempo. En enero de 2012, el entonces intendente de Lomas decidió transferir 3.600 acciones de su participación a su hijo Martín, quien tenía 18 años en ese momento. Este cambio fue notable, dado que el joven no tenía ingresos formales al momento de recibir estas acciones, lo cual plantea dudas sobre la justificación de esta transacción.
En noviembre de 2015, Barrachina vendió su participación accionaria a Rodrigo, el segundo hijo del ex funcionario. Así se consolidó la presencia del núcleo familiar más cercano dentro de la sociedad.
El 8 de enero de 2018, con los hijos de Insaurralde dentro de la compañía, Sasaxa S.A. firmó un contrato de comodato para ceder el uso de un inmueble en el barrio cerrado Fincas de San Vicente a Insaurralde y su esposa, Jésica Cirio. El contrato fue renovado el 8 de julio de 2021. Este acuerdo les permitía usar la propiedad sin figurar como propietarios directos.
Aunque el inmueble estaba a nombre de la sociedad, Insaurralde y Cirio financiaron las mejoras y expensas durante el período en que ocuparon la propiedad. Esto incluyó pagos a la empresa Fincas de San Vicente Club de Chacras SA y a la Municipalidad de San Vicente por las tasas municipales, lo que demuestra su rol en la administración de la propiedad. La propia Cirio realizaba las transferencias de los pagos según afirmaron los fiscales.
Para los fiscales, el contrato de comodato era una estrategia para que Insaurralde y Cirio pudieran disfrutar del inmueble sin ser registrados como propietarios, lo cual es relevante en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. A través de esta estructura, lograban que los bienes no fueran fácilmente rastreados a su nombre, manteniendo el control y uso del inmueble mientras ocultaban la titularidad real.
Fondos negros y autos de lujo
La sociedad de Insaurralde también participó en la adquisición de vehículos de alta gama, aplicando un modus operandi similar al de los inmuebles. Un ejemplo evidente es la compra de una camioneta Volkswagen Tiguan en 2012 por 312.300 pesos de ese entonces. Aunque el vehículo no estaba registrado a nombre del ex jefe de Gabinete de Kicillof, él lo usaba mediante una autorización de manejo, lo que hacía difícil rastrear la propiedad directa.
Otra operación sospechosa fue la compra de una Chevrolet Tracker en 2017, adquirida mediante un crédito prendario, donde, al igual que con el Tiguan, Insaurralde no figuraba como propietario. También tenía autorizaciones para manejar una Audi Q3, una Jeep Compass, una Hyundai H1 y una moto Vespa.
Para operar, Sasaxa tenía una cuenta corriente en el Banco Supervielle, donde recibía fondos, depósitos y transferencias que, según la Justicia, no son justificables dado el limitado nivel de actividad comercial de la empresa. Entre 2011 y 2021, la sociedad recibió fondos por $8.620.967. Para los fiscales Mola y Velasco, estos fondos fueron “provenientes de actos de corrupción vinculados al ejercicio de las diversas funciones públicas ejercidas por Insaurralde”. Los apoderados de esa cuenta corriente eran su sobrino Barrachina y su hijo Rodrigo.
En conclusión, el caso de Martín Insaurralde y la empresa Sasaxa Líbero SA pone de relieve la complejidad de las tramas de corrupción y lavado de dinero en el ámbito político argentino. Los fiscales y el sistema judicial tienen la difícil tarea de desentrañar estos enredos financieros e identificar la responsabilidad de quienes hayan utilizado el poder público para beneficios privados. A medida que la investigación avanza, será fundamental que el proceso judicial sea riguroso y transparente para fortalecer la confianza pública en las instituciones democráticas del país. La implicación de familiares y colaboradores cercanos resalta la dimensión personal y familiar de los mecanismos de corrupción, un patrón que desafortunadamente no es nuevo en la historia política argentina.